Cómo las naciones insulares pueden aprovechar los dólares del turismo para la conservación

Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) son un grupo de 57 Estados miembros y asociados de la ONU que albergan a 65 millones de personas en 1.000 islas y contienen el 20% de la biodiversidad mundial y el 40% de los arrecifes de coral del mundo. (Véase la figura 1). Los PEID comparten una serie de desafíos importantes en lo que respecta a la conservación y protección de los tesoros naturales marinos y costeros de los que dependen sus economías.

Las limitaciones financieras, incluida la elevada carga de la deuda, que a menudo supera el 60% del producto interior bruto, consumen una parte considerable de los presupuestos nacionales y dejan pocos recursos para inversiones en conservación, adaptación al cambio climático o gestión ambiental. Estos problemas de endeudamiento se ven agravados por poblaciones pequeñas pero en crecimiento, que aumentan la demanda de vivienda, infraestructura y servicios, así como por los efectos del cambio climático, que ejercen presión sobre los frágiles ecosistemas costeros y los limitados recursos territoriales.

Las bases económicas limitadas de los PEID dependen en gran medida del turismo, de la pesca, del comercio internacional y de la ayuda financiera de los países desarrollados. Esto los hace especialmente vulnerables a las crisis económicas, los desastres naturales o las interrupciones en los viajes a nivel mundial, lo que plantea dilemas difíciles: los gobiernos deben elegir entre las actividades económicas a corto plazo y la sostenibilidad a largo plazo de los mismos arrecifes, pesquerías y playas de los que dependen sus economías.

La acumulación de estas presiones hace que los enfoques tradicionales de conservación, como la restauración de hábitats, resulten financieramente inviables para muchos PEID. Esto subraya la necesidad de contar con mecanismos de financiación innovadores para asegurar la inversión a largo plazo en la protección del medio ambiente. Con ese fin, en los océanos Caribe, Pacífico e Índico, los PEID están poniendo en marcha sistemas pioneros que convierten a los visitantes en socios de la conservación. Así, van más allá de los enfoques tradicionales (como los impuestos indirectos y el empleo relacionado con el turismo) y adoptan gravámenes con fines específicos, como las tasas de salida y los impuestos hoteleros. (Véase la figura 2). Estas medidas garantizan una financiación más predecible y sostenible para la protección del medio ambiente al vincular directamente la actividad turística con la conservación. Algunos ejemplos destacados:

• El Fondo para la Promoción del Turismo (TEF) de Jamaica, creado en 2005, se financia mediante un gravamen de US$20 que se cobra a cada pasajero que llega en avión y de US$2 a cada visitante que llega por mar. En el año fiscal 2023-24, Jamaica registró unos 4,5 millones de visitantes que, en conjunto, pagaron aproximadamente US$60,5 millones, de los cuales unos US$17 millones se destinaron al TEF para apoyar una serie de iniciativas, entre ellas medidas destinadas a fomentar una “mejor gestión de los recursos ambientales”. Esta asignación no se destina necesariamente a la “conservación del medio ambiente” en sí misma, sino al mantenimiento del producto turístico mediante proyectos de infraestructura (carreteras, puentes, quioscos) y otras actividades no relacionadas con la naturaleza.
• En 2020, Palau puso en marcha su Tasa Ambiental Pristine Paradise, que consiste en un cargo de US$100 incluido automáticamente en el precio de todos los boletos de avión internacionales con destino al país. Cada tasa recaudada está sujeta a una asignación legal: US$10 para el Fondo Fiduciario para la Protección de la Pesca; $12,50 distribuidos entre los gobiernos locales para apoyar la gestión ambiental; US$22,50 al tesoro nacional; US$25 para el Aeropuerto Internacional de Palau; y US$30 para el Fondo de la Red de Áreas Protegidas y el Santuario marino nacional de Palau, una de las áreas oceánicas protegidas más grandes del mundo. Palau prevé que el impuesto genere unos US$7 millones durante el año fiscal 2025.
• Bonaire utiliza un sistema de dos partes que fomenta la sostenibilidad general y destina recursos a la gestión de los parques nacionales. Los turistas pagan un impuesto de US$75 a su llegada, ya sea en línea o en el aeropuerto. Este cargo fue introducido en 2022 para sustituir los impuestos sobre el alojamiento y el alquiler de vehículos. Este monto se destina a diversas iniciativas de infraestructura, educación y sostenibilidad en toda la isla. Además, se cobra una tasa medioambiental obligatoria de US$40 a cualquier persona que utilice las aguas del país, como buceadores, nadadores y kayakistas, y este monto se destina directamente a los Parques Nacionales de Bonaire (STINAPA), una fundación no gubernamental que gestiona los parques nacionales. En 2025, Bonaire recaudó unos US$14,5 millones en concepto de impuesto a la entrada de visitantes y aproximadamente US$3,4 millones en concepto de tasa medioambiental.

• En 2024, las Bahamas comenzaron a recaudar un impuesto de US$5 por “sostenibilidad turística” y otro de US$2 por “mejora turística” por cada pasajero que visite el país. Se prevé que estas tasas generen unos US$80 millones en el primer año fiscal para la Corporación de Desarrollo Turístico de las Bahamas, con el fin de apoyar la conservación y el desarrollo económico de las comunidades.
• En julio de 2024, Aruba puso en marcha una “tasa de sostenibilidad” de US$20 por visitante como parte de una iniciativa para hacer frente a las necesidades críticas de infraestructura de aguas residuales mediante la semiprivatización y la financiación proveniente del turismo. Cuando se transfiera la gestión de los activos de infraestructura a la nueva empresa, Aruba Wastewater Sustainable Solutions, la isla podrá financiar una modernización integral de su sistema de aguas residuales para eliminar los olores persistentes, reducir el consumo de energía, garantizar que el sistema pueda satisfacer la demanda creciente y restablecer el equilibrio ecológico de la laguna que actualmente recibe las aguas residuales. Si bien aún no se ha hecho pública la información sobre los ingresos generados por esta tasa, Aruba atrajo a más de 1,3 millones de visitantes entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.
• Las Maldivas duplicaron su “impuesto ecológico” a US$12 por persona y por noche para la mayoría de los visitantes alojados en hoteles y complejos turísticos a partir de enero de 2025. Los ingresos se asignan a un fondo gubernamental destinado a la conservación del ecosistema marino y a la mejora de la infraestructura, incluidos los sistemas de gestión de residuos y de alcantarillado. El gobierno prevé recaudar unos US$62,5 millones gracias a este impuesto en 2025.

A medida que los PEID exploran mecanismos innovadores de financiación para la conservación, también pueden consolidar su éxito haciendo hincapié en lo siguiente:

• Transparencia y asignación de fondos. Es fundamental indicar claramente cómo se utilizan los ingresos para generar confianza, disipar las preocupaciones del sector sobre las repercusiones en el turismo y permitir que los visitantes sepan en qué se invierte su dinero.
• Una gobernanza sólida. El uso de mecanismos como los fondos fiduciarios de conservación, independientes del control gubernamental, puede evitar que los fondos se destinen a fines no previstos.
• Participación de las partes interesadas. Involucrar de manera transparente al sector turístico y a las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el uso de los fondos puede mejorar la participación y la equidad.
• Rendición de cuentas. La realización de auditorías independientes de los fondos recaudados, la garantía de que los recursos se destinen a resultados medibles acordados y la exigencia de una verificación independiente de las actividades financiadas pueden convertir objetivos de conservación poco claros en resultados demostrables, mejorar la rendición de cuentas y fomentar la confianza entre las partes interesadas.

Los impuestos sobre el turismo y los recursos ofrecen algo más que fuentes de ingresos. Al exigir a quienes se benefician de ecosistemas marinos saludables que inviertan en su protección, estos mecanismos pueden reorientar de manera fundamental el uso de los océanos hacia las necesidades de conservación, subsanar déficits críticos de financiación y fortalecer las economías y las comunidades.

Neel Inamdar es oficial superior del proyecto de apoyo a la conservación de The Pew Charitable Trusts, y Peter Edwards es oficial del proyecto de ciencia de la conservación de Pew.